El camino de la participación ciudadana en políticas públicas ha estado presente con fuerza desde la instalación de la Presidenta Michelle Bachelet.

El diseño de políticas públicas trascendentes para el país durante el año 2006, durante el primer año de gobierno, como la reforma previsional, la transformación de la educación, la política de la infancia y la política indígena urbana, se concretaron con participación activa de la sociedad civil.

Fueron constituidas, por decisión de la Presidenta, el Consejo Asesor para la Reforma de las Políticas de Infancia, el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación y el Consejo Asesor para la Reforma de la Previsión Social. Todos convocaron diversos actores sociales para la formulación de las políticas señaladas. Leyes que hoy están en trámite legislativo y en discusión en el Congreso, como la  Reforma Previsional, la  Ley General de Educación y la iniciativa de ley para la promoción del desarrollo indígena, surgieron del trabajo de esos consejos y de consultas participativas.

En su momento, escuchamos críticas injustas por este sello participativo en la elaboración de las políticas de Gobierno, por el supuesto exceso de consultas, por el exceso de comités y por el número de consejos constituidos.

La toma de decisiones de políticas no está reñida en lo absoluto con la participación ciudadana. La democracia representativa es perfectamente complementaria con modalidades y estilos de una democracia participativa.

Me atrevo a apostar que las próximas administraciones, cualquiera sea su signo, aunque yo lo intuyo, van a seguir este camino. Y este va hacer otro más  de los legados de nuestro Gobierno en la forma del diseño e implementación de políticas públicas.

Cuando hablamos de un gobierno con fuerte acento en lo ciudadano, con estilo ciudadano, estamos hablando de potenciar una ciudadanía informada, activa, que no solamente vote cada cuatro años y elija a sus autoridades, sino que se interese e involucre en los asuntos públicos, participe en la formulación y gestión de políticas públicas en los diferentes niveles del Estado.

Desde nuestra perspectiva, si bien hemos avanzado una enormidad en estos 17 años de gobiernos de la Concertación en la construcción de una democracia sólida y un Estado de Derecho vigoroso, tenemos el desafío de profundizar y enriquecer estos logros, fortaleciendo la participación política de la ciudadanía.

El concepto en suma es: mejor democracia pero con más ciudadanía.

ELEMENTOS A MEJORAR

Sin lugar a dudas, la exclusión del régimen político electoral es uno de elementos a corregir para mejorar nuestra democracia, por cuanto limita la participación de una ciudadanía activa, de actores políticos y sociales que tienen opinión, que tienen una historia, un pasado, un  aporte y sueños que realizar.

La exclusión atrofia a una sociedad al reducirla, al disminuirla la empobrece. Eso hace la exclusión.

El cambio del régimen binominal por uno más representativo fortalecerá la participación política ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas públicas y en el diseño del programa de gobierno.

Un segundo elemento a mejorar dice relación con la participación electoral. Somos testigos de cómo algunas democracias contemporáneas funcionan con índices insuficientes, en torno al 50%, de participación, que no reflejan sino la brecha entre el mundo de la política y el mundo de las personas y de los ciudadanos.

El promedio mundial de participación electoral es del 64 %. En América del Sur, en los últimos 25 años es de un 73%. Chile se ubica entre los países con una mayor tasa de participación, alrededor del 80%, la que puede mejorar cuantitativamente pero por sobre todo cualitativamente.

Y ahí que una de las grandes tareas que nuestra democracia debe asumir es la de reencantar a la juventud chilena. El padrón electoral es un padrón envejecido que refleja dramáticamente la no inscripción de los jóvenes y su rechazo a la condición de ciudadano. En año 1988, el padrón electoral  tenía un 36% de jóvenes definidos entre 18 y 29 años. El año 2006, después  de 17 años, este 36% de jóvenes se reduce a menos de 9%, un 8,5%. Creo que desafía a cualquier ley demográfica el envejecimiento del padrón chileno electoral.

Con todo, no hay que confundir las cosas: el cuestionamiento de los jóvenes es a la forma en que ellos perciben cómo funciona el sistema político partidario. No se trata de un rechazo a la participación social ni a la movilización.

Creo que la movilización de los estudiantes secundarios el año 2006, la agenda que ellos presentaron demostró que hay una vitalidad y que hay un interés genuino de participar en la política pública. Para tener más y mejor democracia en Chile necesitamos a esos jóvenes en su calidad de ciudadanos activos y exigentes. Necesitamos que formen parte de la toma de decisiones en la definición de políticas públicas y ciertamente en la elección de sus gobernantes.

Esto es una tarea urgente, una tarea actual pero también de futuro para la salud de nuestro sistema democrático, que compromete al Gobierno, al sistema educativo, a los partidos políticos, a las dirigencias y al propio movimiento estudiantil.
 
Hay un tercer elemento a abordar en esta materia que dice relación con la calidad de la política y de los partidos políticos en el país.

Hemos visto en este último tiempo con preocupación cómo la política y en particular el debate público, tiende a degradarse, a quedarse en la pequeña política, en la descalificación y la negación majadera, dando forma a una democracia que se va empobreciendo y alejando progresivamente de los anhelos ciudadanos.

Una reciente encuesta entregaba un dato relevante: la mitad de la ciudadanía no se identificaba  con ningún bloque o corriente política.

El cálculo político electoral obsesivo ha producido un desalojo de las buenas formas, de la amistad cívica y del sentido constructivo y de servicio público de la política.

Se comprende entonces la resistencia de los jóvenes a participar de esta forma de hacer política de rencillas, pasadas de cuenta y ambiciones menores. Creo que es urgente mejorar la calidad y la calidez de la política y la democracia. Y esta responsabilidad de todos, ciertamente la clase política.

Las críticas subyacentes a nivel de ciudadanía y opinión pública, a la toma de decisiones, a las cúpulas, al funcionamiento elitista es un llamado de atención permanente para la renovación democrática de todos los partidos.

LA INICIATIVA POPULAR DE LEY

El plebiscito de octubre del 88 fue el triunfo de una sociedad civil protagónica frente a un Estado autoritario. A casi dos décadas de esa gran gesta ciudadana, tenemos un Estado democrático robusto pero una sociedad civil tal vez un poco menos vigorosa que la de fines de los 80. Fortalecerla es una tarea de la propia sociedad civil, pero es una tarea que debe comprometer a los partidos políticos y que nos planteamos, y asumimos, desde el Gobierno y el Estado.

En esa perspectiva, la iniciativa popular de ley que va a ser anunciada y definida hoy por la Presidenta de la República, sin duda que contribuirá a elevar la participación política y potenciar una ciudadanía más activa, más informada e interesada en la cosa pública con mayúscula

Nuestro propósito implica transferir más poder del Estado a la ciudadanía y fortalecer la complementariedad entre la democracia representativa y la democracia participativa.

Muchas gracias.