Acompañamos aquí a una generación de jóvenes que inicia una formación como servidores públicos, para incorporarse a la Policía de Investigaciones de Chile, institución que ha conquistado un prestigio a nivel nacional e internacional y que goza de un creciente respaldo ciudadano.

Es ésta una oportunidad adecuada para reflexionar brevemente sobre los desafíos que representan para la carrera policial, los cambios y el nuevo contexto internacional y nacional en materia de seguridad pública.

Quisiera compartir con ustedes dos o tres reflexiones en torno a esta temática. Básicamente, centrándome en la relación entre la globalización y la seguridad democrática. En segundo término, una referencia al cambio en el paradigma de seguridad y, por último, a la dimensión comunicacional de la seguridad  pública.

GLOBALIZACIÓN Y SEGURIDAD

El mundo que habitamos se caracteriza por una globalización de la economía y de las comunicaciones con una creciente apertura de mercados e interdependencia de los países.

Chile tomó hace ya mucho tiempo la decisión de  insertarse en el escenario internacional y sacar las máximas ventajas posibles de aquello.

En esta perspectiva  hemos realizado diferentes acciones e iniciativas, entre ellos la negociación de acuerdos de integración económica con las principales economías del mundo como son EEUU, Europa, Japón, China.

El funcionamiento de la economía mundial y la interrelación entre los países demuestra que la globalización está para quedarse. En tal sentido, debemos entender que la globalización es administrada a través de acuerdos, de normas  para la relación entre los países. Para eso, desde antaño Chile ha impulsado el multilateralismo, en particular en la última parte del siglo XX. Somos un país que cree y apuesta en las reglas internacionales.

Tenemos que ser realistas para asumir que Chile pesa lo que pesa, en el contexto internacional. Muchas veces estamos en una categoría, como dirían los boxeadores, un poquitito superior a la nuestra, peleamos en los medianos cuando podemos ser welter nada más. Eso es producto del desarrollo que tenemos de nuestras instituciones.

Pero al mismo esa fortaleza institucional es la que nos permite ir tejiendo el tipo de normas que queremos a nivel internacional. Hay que tener la capacidad de hacerlo pensando no en el momento actual, sino en el mañana, sino que pensando en los 30, 50 años que vienen hacia delante.

A propósito de las reglas internacionales, Bill Clinton reflexionaba hace pocos años, después de dejar la presidencia, que cuando se aborda el contexto internacional hay que hacerlo con capacidad de futuro. Hacía reflexión respecto de Inglaterra de la época del Imperio Británico, cuando tenía una flota imperial que la hacía dueña, señora y casi soberana de los mares del mundo. Conversaba con España, Holanda, Portugal, pero era su majestad, Inglaterra, la que fijaba las reglas. Frente a la propuesta de dibujar el mapa del mundo para tener reglas, Inglaterra sostenía que no era necesario, por qué alguien que está en la cúspide de su poder va a estar negociando reglas. Al debilitarse y desaparecer el imperio británico, perdiendo el control marítimo, luego de fijar las reglas que eran absolutamente sesgadas a su favor, hoy Inglaterra clama por cambiar las reglas marítimas, las cuales no se cambian porque benefician a otros países. La reflexión de Clinton la señalaba como una lección de la historia para que Estados Unidos, en la cúspide de su poder valorice el multilateralismo y se siente a negociar las reglas internacionales.

La globalización ha Chile le ha traído frutos, que están a la vista, en materia de crecimiento económico y desarrollo.

El mayor crecimiento económico y desarrollo tienen también una traducción social concreta cual es la reducción de la pobreza. Buena parte de la reducción de la pobreza en Chile desde el año 90 al año 2007, desde un 40 hasta un 13%, se debe al impacto de las políticas sociales y a los esfuerzos de integración económica, a los beneficios del comercio internacional reflejados en el crecimiento económico del país.

Sin embargo, la globalización también tiene aspectos negativos que debemos conocer y que faltan. Para empezar faltan reglas. Hay un desfase evidente entre las institucionales multilaterales que se crean después de la post guerra, como Naciones Unidas y otros organismos internacionales que se han ido desarrollando y renovando más lentamente que lo que ha sido el proceso de integración.

Tenemos hoy día una globalización real más profunda y una institucionalidad internacional que no alcanza a dar cuenta de aquello.   

Algunos de estas desventajas inciden en el tema de hoy: la seguridad ciudadana y la labor que deben realizar las policías a nivel internacional y a nivel doméstico.

Uno de estos problemas dice relación con la delincuencia organizada delincuencia organizada, de carácter transnacional, vinculada principalmente al narcotráfico. Esta delincuencia multinacional compleja sabe desenvolverse en este nuevo escenario, utilizando las redes financieras, las nuevas tecnologías de información y los circuitos del comercio internacional.

Los delitos transnacionales del mundo moderno se relacionan a la droga, el tráfico de armas y personas, los delitos informáticos, las redes de pedofilia y sobre todo el terrorismo.

Se estima que alrededor de 200 millones de personas consumen drogas en el mundo, aproximadamente el 5% de la población mundial.

Naciones Unidas calcula que el valor global de los mercados ilícitos de la droga bordea los US$ 322 mil millones, una cifra que preocupa por el impacto que genera en relación a las economías nacionales.

Esta cifra para los no entendidos no dice nada. Para ponerlo de otra forma, a escala global representa el 1% de la economía mundial. Nuevamente esa cifra se nos pierde, pero si la comparamos con qué representa en relación a las economías nacionales equivale a las economías del 80% de los países del mundo.

Es cierto que hay países muy grandes como Japón, Estados Unidos que se llevan una buena torta del crecimiento mundial, pero descontando los países grandes, lo que representa esta cifra, de 320 mil millones es equivalente a lo que genera en un año, el 80% de los países.

El monto anual potencial para lavado de dinero equivale al 70% de los ingresos totales del mercado de la droga. Estamos hablando de más de US$ 225 mil millones disponibles para el lavado de dinero.

Para hacerse una idea de lo que esta cifra representa en términos nacionales, podemos señalar que es 9 veces el presupuesto nacional de Chile, presupuesto que el año pasado nos congratulamos de que era el más grande que hemos tenido en muchos años, de US$ 28 mil millones.

Una muestra de cómo nos afecta y cómo respondemos como país a esta globalización del delito, la hemos conocido con la operación denominada “Suspiro Europeo“. Los organismos de seguridad del Estado, en cooperación con otras policías, desbarataron una importante red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico colombiano. Esta red operaba con cuentas y relaciones interbancarias en Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Habría blanqueado recursos por más de US$ 200 millones en los últimos años.

Este nuevo escenario global en materia de seguridad lo define tanto la delincuencia transnacional asociada al narcotráfico como la irrupción de un terrorismo despiadado de alto impacto, cuya huella más reveladora fue el atentado a las Torres Gemelas.

En este sentido, la seguridad democrática tiene, por tanto, no sólo una dimensión nacional sino también global. Se hace crecientemente difícil separar lo que es la protección al interior de las fronteras, de lo que ocurre al margen de éstas.

Puesto en castellano, hoy día crecientemente la agenda internacional, no solamente política, comercial, sino que delictual pasa a ser parte de la agenda doméstica de las policías nacionales

Chile no puede pensar ni actuar en materia de seguridad democrática pensando sólo en sus fronteras. Es crucial considerar que somos un país abierto al mundo en una nueva, compleja y dura realidad internacional. Pero además, porque hemos decidido nosotros voluntariamente apostar al contexto internacional.

Es fundamental, por lo tanto, la cooperación internacional, la colaboración entre Estados y organismos policiales en el marco del derecho internacional para enfrentar esta globalización del delito y las amenazas a la seguridad democrática.

El tema de la seguridad no hay que minimizarlo simplemente al orden público menor, no hay que dejarlo en el delito menor del crimen, o simple delito. Hay que tener la capacidad que Investigaciones de Chile ha demostrado con su inserción internacional, su participación en INTERPOL, de ir construyendo normas. Al final del día, la inserción de Chile se va a hacer en base a los hechos concretos, pero al mismo tiempo en base a las normas.

A este respecto, todas las instituciones del Estado tienen un rol que jugar. Ciertamente, la Cancillería, la clase política, los empresarios, pero las instituciones públicas a través de su participación creciente en los organismos multilaterales es lo que nos va a permitir a nosotros ir generando las reglas mínimas en el margen que van a poder ir configurando el tipo de normas internacionales que queremos a futuro.

Permítanme una breve reflexión. Cuando se leyó mi currículum se señaló que me tocó trabajar en la organización de APEC el año 2004.  En ese momento, la agenda internacional estaba marcada por el tema de la seguridad, a partir del impacto del  atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Buena parte de todas las conversaciones giraron por supuesto en torno a los problemas de integración económica, como el tema de los aranceles, el acceso de nuestros productos a los nuevos mercados,  pero también debimos analizar el tema de la seguridad, porque a través del comercio hay una amenaza latente a la seguridad nacional.

Unos de los problemas y desafíos que tuvimos fue el de la cooperación. Comprobamos que hablar de cooperación es fácil, pero llevarlo a la práctica es difícil. El tema de las confianzas entre las distintas policías a nivel internacional es un tema crucial para compartir información en el combate a la delincuencia transnacional.  En consecuencia, cuando tratamos de llevar a cabo iniciativas, como el comercio seguro en la región del Asia Pacífico, uno de los desafíos primordiales cuando hablamos de cooperación es cuánto estamos dispuestos a poner de nuestra propia inteligencia en conocimiento de nuestros aliados o nuestros eventuales cooperados.

Así como se dice que en materia internacional de integración cada vez que se firma un tratado se tiene que poner soberanía arriba de la mesa o dar algo de soberanía para llegar a un acuerdo, en materia de cooperación hay que hacer algo similar. 

CAMBIO DE PARADIGMA DE LA
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Si la globalización conlleva cambios en nuestra concepción tradicional de seguridad pública, también resulta determinante la ampliación del campo de los derechos de la ciudadanía para el surgimiento de un nuevo paradigma en la materia.

Junto a los cambios en la nuevas formas del delito, a la importancia del tema internacional, se ha ido desarrollando y adquiriendo fuerza, el concepto de los derechos de la ciudadanía en materia de seguridad pública.

El orden público y la defensa de las naciones han sido funciones clásicas de todo Estado. La seguridad, en su dimensión interna y externa, siempre ha tenido un sello estatal y lo seguirá teniendo.

El Estado se protegía de amenazas internas y externas. El paradigma de orden público como eje de la seguridad acentuaba por tanto la protección del Estado.

Hoy día tenemos que asumir que la seguridad pública es también un derecho ciudadano.

Al revisar los pactos internacionales que ha suscrito Chile en materia de derechos civiles y políticos y de derechos humanos, encontramos que la seguridad es entendida como un derecho humano, como un derecho ciudadano. Existe un cambio, un giro en la manera tradicional en que entendíamos este tema.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas se afirma que  “Todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personales“(Art.9 No 1).  Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales”.

El derecho a la seguridad implica garantizar el derecho a la vida, a la libre circulación de personas, a la convivencia pacífica, a ocupar los espacios públicos y el respeto a las normas.

La demanda de seguridad que recogemos del contacto directo con la gente apunta exactamente a eso. Basta ver, repasar lo que es la vida diaria y cotidiana de la policía.

¿Qué es lo que piden los ciudadanos? Ocupar plazas, canchas y espacios públicos sin temor; transitar libremente por las calles sin ser molestado; vivir en un medio ambiente tranquilo y en paz; proteger a sus hijos de los delincuentes. 

Desde hace varios años, las exigencias de la opinión pública sitúan a la delincuencia en los primeros lugares de las encuestas junto a otras prioridades como mejor educación, empleo, salud y vivienda. Pero la demanda de seguridad ciudadana puntea y está siempre  entre los top 3 de las demandas ciudadanas.

Este cambio de paradigma de la seguridad pública, entendida como función del Estado y derecho ciudadano, tiene algunas implicancias a considerar:

En democracia hay derecho a manifestarse, a ocupar los espacios públicos en los marcos legales, pero no hay derecho para generar caos ni violencia anárquica.

Los actos de violencia anárquica propios de pequeños grupos no sólo alteran el orden público -según la concepción clásica de seguridad, para lo cual el rol del Estado era fundamental-, sino que afectan los derechos de las personas; el derecho a transitar libremente, el derecho a la vida, el derecho a la convivencia pacífica. En consecuencia, no es solamente un tema de orden público, sino de colisión y choque de derechos que requieren una adecuada intervención del Estado, en defensa de los derechos de las personas.

Otra implicancia es el cambio de la relación entre el Estado y sus organismos policiales con  la ciudadanía. Hay un nuevo trato en la relación con una ciudadanía que debemos entender como sujeto portador del derecho a la seguridad.

Este cambio significa privilegiar en el accionar de los organismos de seguridad pública, el respeto a la dignidad de las personas, independiente de su condición social, y asumir el tema de los derechos humanos en toda su dimensión, incluyendo la seguridad como un derecho.

Hay una tercera área, que dice relación con cómo la seguridad democrática va generando una creciente presión en la forma como se lleva a cabo la lucha contra la delincuencia. Para llevar a cabo la lucha contra la delincuencia, ciertamente tiene que llevarse a cabo dentro del marco creciente de las reglas democráticas, de respeto a las normas legales y tratados internacionales.

Esto que nos parece de perogrullo, es resultado también del avance que ha tenido la sociedad no solamente en Chile sino en el mundo, de la globalización jurídica de los derechos humanos, producto de los tratados que se han ido firmando, el pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones internacionales.

Esto hace que las policías del mundo en sociedades democráticas en donde el Estado de Derecho impera deban asumir el desafío de cumplir su labor operativa, de proveerse inteligencia, anticiparse a situaciones críticas dentro de los marcos legales.

Vemos como ha existido una gran preocupación en Europa y en Estados Unidos como consecuencia de las prácticas utilizadas después del atentado a  las Torres Gemelas, respecto a importantes instituciones de inteligencia y policiales por la utilización de centros de detención secretos, con gente que fue trasladada por los cielos europeos sin permiso de la autoridad civil, saltándose disposiciones y normas legales.

Cuando planteo el tema de un paradigma distinto al asumir la seguridad ciudadana como un derecho de las personas, hay que señalar que el desafío sigue siendo el mismo y mas complejo porque no es un tema nacional sino también internacional, pero además hay que hacer frente a aquello, respetando y observando lo que son el estado de derecho y las reglas mínimas de convivencia.

LA DIMENSIÓN COMUNICACIONAL DE LA SEGURIDAD

El respeto y la dignidad, y la nueva relación con la ciudadanía nos conducen a la dimensión comunicacional de la seguridad pública, como el tercer elemento que motivará nuestra reflexión.

Si analizamos la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad (2005), se verifica que se ha contenido el avance de la delincuencia y que la victimización real de los hogares, entre el 2003 y el 2005, disminuye en poquito menos de 5 puntos porcentuales.

Sin embargo, en ese mismo período aumentó en 8 puntos la percepción de inseguridad de las personas (desde un 33.5  a un 41.6).

Es una de las paradojas de la seguridad pública. Un fenómeno que ocurre tanto en Chile como en otros países: si bien se logra contener y disminuir la victimización y delincuencia real, se produce simultáneamente un aumento de la percepción de inseguridad de las personas.

La percepción de inseguridad existente es un problema real de las personas del que tenemos que hacernos cargo y representa la dimensión comunicacional de la seguridad pública. Puesto de otra forma, se hacen los esfuerzos, disminuye la tasa de victimización pero si la ciudadanía percibe crecientemente una mayor inseguridad, podemos estar contentos de lo primero, pero lo segundo sigue siendo un problema, un problema real cuando la ciudadanía siente inseguridad más allá de los datos duros.

En el análisis del problema, siempre existe la tentación de deslindar responsabilidades o compartir responsabilidades con otros sectores, por ejemplo, culpando a los medios de comunicación o en el señalamiento de la utilización de “carácter político” de las cifras de delincuencia.

Sin embargo, en democracia y en el marco de las libertades democráticas, la realidad comunicacional que tenemos y que vamos a seguir teniendo, es que los medios van a seguir ejerciendo su tarea informativa como deben hacerlo. Desde el punto de vista del Ejecutivo, de los gobiernos, lo que corresponde es hacer es trabajar seguir reduciendo los índices de victimización y la disminución de la percepción de inseguridad.
 
Desde esa perspectiva, es mejor invitar abordar esta materia desde el campo de las políticas públicas, desde nuestra propia responsabilidad como servidores públicos, de manera de mejorar nuestra labor y asumir la seguridad pública en toda su dimensión.

Las cifras demuestran que para enfrentar este tema, no bastan la eficiencia y capacidad operativa de las policías, que puede ser excelente con una baja de la tasa de victimización, pero con un problema no resuelto  como vimos, que es la seguridad subjetiva, el temor en la población, la percepción de inseguridad.

En el mundo actual, la seguridad pública requiere no sólo prevenir el delito, detener a los delincuentes y desbaratar sus redes, sino también transmitir seguridad a la población.

En tal sentido, un punto de partida para abordar esta dimensión comunicacional  es la fortaleza institucional y credibilidad pública de los organismos policiales, protagonistas de la implementación de las políticas de seguridad. Hay que hacer bien el trabajo, prevenir, detener, sancionar. Todo eso es perfecto. Pero hay que transmitir esa seguridad. Un elemento muy importante de la seguridad subjetiva se encuentra  en la credibilidad de las instituciones. En esa dirección, la imagen pública de las instituciones pasa a ser fundamental en esta lucha de dar tranquilidad a la ciudadanía.

En Chile, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tienen alta credibilidad pública y confianza de la población.

Entre el 2003 y el 2005 incluso aumenta la confianza en ambas instituciones.

En el caso de Carabineros, los que tienen mucha confianza, aumentan de un 32.6% a un 37%. En el caso de la Policía de Investigaciones, la percepción es similar: la valoración de mucha confianza crece de 30.4% a 33.9%.

No es un misterio que en otras latitudes, las frecuentes situaciones de corrupción y atropellos a los derechos humanos, abusos a la ciudadanía, actos irregularidades, merman la credibilidad de las instituciones laborales y lo único que hacen es contribuir a la inseguridad y al descrédito de la ciudadanía respecto a sus instituciones policiales.

Está comprobado que aumenta la inseguridad de la población cuando existen organismos policiales corruptos o arbitrarios.

La dimensión comunicacional de la seguridad pública no es una tarea de una oficina de relaciones públicas, que hay que tenerla por cierto, y un buen relacionador público; o de una conferencia de prensa de los mandos institucionales o de una clase magistral. Es mucho más que eso.

Es más ilustrativa y útil la concepción de institución comunicante, en la que todos los miembros de la institución  asumen, cada cual en su nivel, como propia la tarea de comunicar seguridad, respeto a la ciudadanía, eficiencia operativa, actitud de servicio público y honestidad.

Compartir institucionalmente este criterio es un impulso fundamental para construir confianza y credibilidad en la población. Lo mismo ocurre con la eficiencia operativa de los organismos policiales y también con el control de  la corrupción, y el propósito de mantener la imagen y realidad de una Institución eficiente y honesta.

Este último es un aspecto que no se puede descuidar, más aún considerando las impactantes cifras del narcotráfico, tanto en la venta al detalle como en gran escala, que transforman esos recursos ilícitos en una fuerza de corrupción potencial de organismos y agentes públicos.

Para mejorar la percepción de seguridad, otro objetivo de especial importancia es desarrollar una política de buen trato con la ciudadanía, con modalidades de participación y diálogo en materia de seguridad ciudadana.

La participación ciudadana en la seguridad pública permite conocer de mejor manera las demandas concretas de las personas y junto con conocerlas, actuar en función de esas demandas concretas.

He querido compartir estas reflexiones con ustedes porque tengo la convicción que la globalización, el nuevo paradigma de la seguridad pública y la dimensión comunicacional son elementos que inciden en su formación profesional y en una Policía de Investigaciones más moderna, democrática y eficiente. Creo además que al poner el contexto internacional, da cuenta de una opción que ha tomado Chile como Estado, de hace más de 25 años, respecto a las ventajas que implica insertarse internacionalmente.

El tema de la seguridad no es sólo un tema de delincuencia. Si uno se pusiera un poquito más fenicio y preocupado de los recursos, el tema del control de la delincuencia y la imagen internacional de Chile es lo que va a determinar en última instancia cuáles son nuestras oportunidades de negocios, cuál es el tipo de inversión que vamos a tener en Chile, qué percepción van a tener afuera de la sociedad chilena y la posibilidad de que Chile atraiga inversiones, se constituya en una economía de servicios confiable.

Y eso no es poca cosa para un país como el nuestro, empeñado en avanzar y dar el salto al desarrollo.

En un mundo global, en un mundo en que todos apuestan por integrarse, en el que mirado de lejos,  América Latina a veces es vista de manera uniforme y monocolor. A pesar de todos los esfuerzos que todos hacemos por resaltar como países, son  temas que dicen relación con la seguridad, corrupción, estabilidad y fortaleza de las instituciones públicas, el control del orden público,  la calidad de la política y el tipo de partidos políticos que tenemos, que es lo que hace en buena parte,  la suma de un país , lo que nos va a permitir perfilarnos en medio de la masa de países de carácter más o menos uniforme, levantar la mano y posicionarnos para que digan : ahí hay un país distinto , que tiene una categoría distinta.

Quiero terminar señalándole a todos los jóvenes que están acá, que tienen una ilusión, una vocación y que andan buscando una forma de desarrollarse profesionalmente y junto con eso contribuir al desarrollo de Chile, que al incorporarse a la Policía de Investigaciones, han elegido una carrera muy importante para el Estado y la nación.

Estarán en la mira de una sociedad demandante, fiscalizadora de los avances y de los problemas de seguridad; vigilante de  su actuación profesional como policías.

Por eso, mi mensaje para ustedes es que desarrollen y fortalezcan su vocación de servicio público y la calidad profesional de esta institución, la Policía de Investigaciones de Chile.

Tengan siempre presente el respeto al derecho de las personas, independiente de su origen, nivel socioeconómico, educativo o su influencia.

El éxito de su trabajo acrecentará la confianza ciudadana en la Policía y en todas las instituciones.

Si hay más confianza en las instituciones, tendremos más seguridad pública y una mejor democracia.

Les deseo mucho éxito en su formación y agradezco la oportunidad de haber compartido con ustedes hoy día.

Muchas gracias